La estrategia del avestruz: los números judiciales de la banca

El índice IRPH se presentaba a los consumidores como un índice más estable que el EURIBOR. Ese punto de vista conservador contribuyó a que cerca de un millón de personas contratasen sus préstamos referenciados a aquel índice respecto al mayoritario.

A esto se unía el hecho de que en los años más duros de la Crisis Financiera (2008) el tipo del EURIBOR escaló hasta casi el 5% a lo que había que sumarle el diferencial contratado en la entidad.

Dejando a un lado las razones por las que ese EURIBOR llegó hasta semejantes cotas, el IRPH ha supuesto un sobrecoste de entre 18.000 y 21.000€ en las hipotecas suscritas por ese casi millón de usuarios de banca.

No se trata de calderilla. En los años más duros de la Crisis del Austericidio (2012) pagar 200 o 300€ de más en la cuota de la hipoteca respecto a las referenciadas al EURIBOR, supuso, en no pocos casos, la quiebra de las familias y la pérdida de la vivienda.

Tras más de ocho años de pleitos, en pasado marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) enmienda una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 2017 que declaraba “legales” las cláusulas que ligaban las hipotecas contratadas al índice IRPH.

La nueva sentencia del TJUE no declara ilegales las cláusulas, pero sí que obliga a los tribunales españoles a investigar la forma en la que se ha comercializado el préstamo para garantizar que el prestatario era consciente de lo que estaba firmando.

Y los números nos ofrecen un panorama desolador. La Asociación de Usuarios de Banca y Servicios Financieros (Asufin) acumula 166 sentencias en primera instancia de las que 134 fallan a favor del prestatario; precisamente, porque la comercialización del producto no cumple los criterios de transparencia que ya estaban vigentes entonces.

Desde la enmienda del TJUE (Marzo de 2020) al TS se han dictado 17 sentencias en Primera Instancia; de las que 16 fallan a favor del usuario.

Es llamativo que, además de las cláusulas que ligan el índice de referencia al IRPH se declaran nulas, dentro del mismo contrato, las cláusulas suelo, los intereses de demora, los gastos y comisiones por descubierto, el cálculo irregular de intereses y su redondeo al alza, el vencimiento anticipado y los seguros vinculado.

Esto no es un contrato, sino una trampa que llegaba redactada, no ya a la notaría, sino a la propia oficina bancaria; con lo que toda la negociación se quedaba en un “esto es lo que hay” y lo tomas o lo dejas.

Previa lectura por encima por parte del notario, se firma y punto. Los problemas ya vendrán después. Si quieres reclamar, es hora que de que te pongas en contacto con un abogado especializado en reclamaciones bancarias.

Estas son las cifras de la banca

Y los problemas se traducen en 486.078 demandas presentadas entre junio de 2017 y finales de 2019 (no hay más datos) sobre las que los Juzgados Especializados habían emitido 198.762 sentencias; con lo que quedaban 244.306 asuntos por resolver; a la espera de las Tarjetas Revolving y afectados por el parón del Coronavirus.

Sólo sabemos de ese casi medio millón de demandas porque fueron las remitidas a esos Juzgados Especializados cuando se constituyeron. De lo ocurrido hasta entonces no hay datos.

Paralelamente, los afectados por las cláusulas suelo han presentado 1.213.784 reclamaciones a sus entidades, que atendieron y devolvieron lo cobrado de más en 535.514 casos (según datos de las propias entidades) y desestimando 238.000 reclamaciones que, en muchos casos, terminaron (o terminarán) en la vía judicial.

¿Y qué es lo que viene?

Sólo Wizink acumula más 2.500 demandas en los juzgados. Se calcula que los afectados por las tarjetas revolving sean alrededor de 10.000 y un volumen de 14.000 millones de euros. Esto sin contar con las tarjetas de crédito comercializadas por la banca tradicional.

Durante el año 2019, el Banco de España recibió un 40% más de reclamaciones respecto a 2018 para este producto de crédito; y ya hay sentencias contra otro tipo de créditos rápidos con intereses muy elevados.

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